POLITICAS DE TRANSPARENCIA

El Departamento de Transparencia es el encargado de implementar en la Institución la Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, aprobada mediante Decreto Supremo 0214 del 22 de julio de 2009.

En este contexto, la propuesta institucional es trabajar en los cuatro pilares que sostienen la Política Nacional de Transparencia: Control Social, Ética Pública y Lucha Contra la Corrupción, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas.

Principales tareas en el marco de la Ley N° 974:

  1. Promoción e implementación de planes, programas, proyectos y acciones de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción.
  2. Gestionar Denuncias por posibles actos de corrupción, negativainjustificada de acceso a la información, por posibles irregularidades o falsedad de títulos, certificados académicos o profesionales de servidoras, servidores y/o ex servidoras y servidores públicos.
  3. Proponer a la Máxima Autoridad la aprobación de reglamentos, manuales guías e instructivos en materias referidas a sus funciones.
  4. Desarrollar mecanismos para la participación ciudadana y el control social.
  5. Planificar,Coordinar, Organizar y Apoyar a la Máxima Autoridad en el proceso de Rendición Pública de Cuentas y velar por la emisión de estados financieros, informes de gestión, memoria anual y otros.
  6. Asegurar el acceso a la información pública.
  7. Promover el desarrollo de la ética pública en las servidoras, servidores y personal público.
  8. Implementar los lineamientos establecidos por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.
  9. Alimentar el portal de transparencia del Estado Plurinacional de Bolivia.
  10. Realizar seguimiento y monitoreo a los procesos administrativos y judiciales emergentes de la gestión de denuncias, así como en los que se pretenda recuperar fondos o bienes del Estado sustraídos por actos de corrupción.
  11. Denunciar ante la Máxima Autoridad, cuando se advierta la existencia de elementos que permitan identificar y establecer posibles actos de corrupción en los procesos de contratación en curso, para que de forma obligatoria la Máxima Autoridad instruya la suspensión inmediata del proceso de contratación.
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